CATALUÑA 2014 – 2016.
LA SOLUCION
B. L. Acksheep
Capítulo II. Votaciones, elecciones, “Derecho
a decidir”
Existe un extenso debate planteado sobre eso que ha pasado a
denominarse “Derecho a decidir”. Son múltiples los argumentos denunciando,
probablemente con razón, la inexactitud de la denominación, porque lo que
oculta es otra cosa -la autodeterminación- que solo está avalada por la
legislación internacional para circunstancias radicalmente distintas a las
nuestras. Pero quizá deberíamos, al menos para analizarlo, dejar de lado los nominalismos. En definitiva
el objetivo está claro y vuelve a incidir en el corazón de lo que planteaba el
Clarity Act: algo que no está contemplado por la ley que debería enmarcarlo (la
Constitución), pero que puede resultar aconsejable considerar.
Lo que sucede es que se recurre a un planteamiento
aparentemente lógico e inocente, que la población de Cataluña ejerza su
expresión democrática mediante las urnas. Y que los que se oponen a ello son,
simplemente, antidemócratas. Sin embargo, en la práctica, el número de trampas
y ocultaciones de la realidad es tan abundante, que es necesario contemplar atentamente
todo el panorama. Prescindo de argumentos conocidos, reales y ya expresados,
como que cualquier democracia debe encuadrarse en unas reglas que en este caso se
pretenden incumplir. Me interesa subrayar otros aspectos.
Antes que nada cabe expresar cierta sorpresa por el intenso
debate en torno a múltiples aspectos de la pregunta y la inexistencia de
análisis alguno en torno a lo que parece más esencial: cual debería ser el
tratamiento de la
respuesta. Por eso conviene retornar al Clarity Act: porque
profundiza en todo el proceso y se pronuncia simultáneamente sobre las condiciones
de la pregunta y sobre el tratamiento de la respuesta. Es en ese
último aspecto en el que quisiera incidir en este capítulo.
Creo que en todo el planteamiento hay un elemento espurio:
tratar a esa votación como si fuese una de las habituales, que se resuelven básicamente
con un tema de mayorías y minorías. Me refiero a que en esas votaciones, las
ligadas a elecciones municipales, autonómicas o legislativas, lo que se está
determinando es qué tratamiento se le va a dar al paciente durante los próximos
cuatro años. Existen además muchas cautelas; si el tratamiento no resulta
adecuado, puede ser modificado de diversas formas, cambiando las mayorías si es
posible, presentando mociones de censura, etc. Y en el caso de que un partido tenga mayoría absoluta, el
plazo de cuatro años vuelve a dar la palabra al cuerpo electoral. La votación
que se discute, la ligada al “Derecho a decidir” es algo absolutamente
diferente: es un trasplante de corazón, algo probablemente irreversible. Por
eso lo más sorprendente de todo es que los que propugnan ese trasplante, no
presentan informe alguno que avale su viabilidad: no hay datos ciertos sobre el
estado actual del paciente, radiografías, scans, estudios sobre la posibilidad
de rechazo, compatibilidad con el donante, etc. Se trata de un acto de fe. Los partidarios del trasplante aparecen
felices en las manifestaciones, rodeados de sus hijos y recitando el mantra
habitual “Queremos el trasplante”. No importan las consecuencias, no importa si
eso va a mejorar al paciente, incluso si será capaz de sobrevivir con una
calidad de vida aceptable. En cualquier caso los médicos, los que ejecutan el
trasplante, se han reservado un lugar en la Historia. Pero la
irreversibilidad de lo que se plantea, como subraya el Clarity Act, requiere un
tratamiento de la respuesta que no tiene nada que ver con las votaciones o
elecciones habituales. Por eso, quienes no confiamos ni en el tratamiento ni en
el equipo de cirugía, no podemos ser obligados a seguirlo.
Es esencial recordar que, según casi todas las encuestas, la
línea de partición entre los que desean o rechazan la independencia, está cercana
al 50%. Incluso encuestas realizadas en periodos de tiempo muy cercanos,
decantan levemente el resultado en uno u otro sentido, según quien realice la encuesta. Los
partidarios de la consulta están enfrascados en la pregunta con posiciones tan
contrapuestas que el presidente Mas calificó recientemente de guirigay esa
situación. Pero nadie habla del tratamiento de la respuesta, tal parece que se
tratase de una apuesta a cara o cruz, que quien la gane arramblará con todo y
quien la pierda, lo habrá perdido todo. El Tribunal Constitucional canadiense
remarcaba, sabiamente, que “todos los ciudadanos son, en cierto sentido,
propietarios de todo el país”. Imaginen el reparto de una herencia cuyos
herederos tienen opiniones radicalmente enfrentadas sobre la manera de realizarlo.
Vuelvan a imaginar que deciden ponerlo a votación. ¿Resultaría lógico aceptar
que la facción mayoritaria se apropiase de todo y la minoritaria lo perdiese
todo? Parece ser que esto es lo que se está planteando y es por eso que debería
acudirse a la reflexión y a la doctrina que se deducen del Clarity Act.
Hay una serie de ciudadanos de Cataluña, que se consideran
tan catalanes como españoles, que han constituido tradicionalmente la fracción
mayoritaria de la población y en cualquier caso una población numéricamente
significativa. Esos ciudadanos tienen firmado un contrato del máximo valor
legal, la constitución, que les garantiza la permanencia al estado que generó
ese contrato. Y que como lo consideran vigente, quieren que, en cualquier caso,
suceda lo que suceda en cuantas consultas se celebren, nadie les pueda despojar
de su herencia. Algunos de ellos estaríamos de acuerdo en que se ejerza ese
“derecho a decidir/autodeterminación” que determine un divorcio, pero ese
divorcio debe plantearse entre una parte de Cataluña, la que corresponda al
porcentaje de votación de los que han decidido separase, que deberían ocupar
una fracción del territorio: precisamente en la cuantía que corresponda al
porcentaje de sus votos. Todo de acuerdo a lo que se indica en el Clarity Act
cuando dice explícitamente (refiriéndose al Canadá) que “en el caso de que
poblaciones concentradas territorialmente en Quebec (Cataluña) solicitaran
claramente seguir formando parte de Canadá (España) debería preverse la
divisibilidad del territorio quebequés (catalán) con el mismo espíritu de
apertura que llevó a aceptar la divisibilidad del territorio canadiense (español)”.
En otro capítulo abordaremos cómo hacerlo.
Aunque lo que queda en un preocupante estado de indefinición
es lo que realmente se plantea. Se habla de un referéndum “consultivo”, es
decir, aparentemente no vinculante, puesto que para que lo fuese debería
convocarse otra nueva consulta que indicase claramente esa circunstancia. Supongamos,
para entender la esencia de lo que plantean los partidos que lo propugnan, que
el estado aceptase ese planteamiento (cosa que parece muy poco probable). El
coste de esa consulta, sobre la que se han barajado diversas cantidades, podría
ascender a 30 millones de euros, como se
estimó inicialmente, aunque ahora la vicepresidenta habla de 5 millones en un
presupuesto “muy ampliable” y que “la previsión es incierta y la ampliaremos
hasta donde sea necesario”.
Parece evidente que tiene miedo de dar el importe real. Un
importe que habría que multiplicar por dos al añadir el coste del referéndum
vinculante, que es el único que podría ser efectivo. Parece difícil de entender
que, en la situación actual, partidos que se autodenominan de izquierdas estén
de acuerdo en semejante despilfarro. Si se trata de algo de alcance únicamente
consultivo, mejor sería encargar una macroencuesta con una población consultada
de amplitud suficiente para aproximar el resultado, y/o plantear únicamente un referéndum
vinculante, con las mismas dificultades que presenta el consultivo. Y quizá también,
como se hace en Suiza, se podrían convocar simultáneamente varias consultas
para compensar el coste de la del derecho a decidir, por ejemplo:
-Reducir el coste de la Corporación catalana medios
audiovisuales a un máximo de 50 o 100 millones de euros (por ejemplo, el coste
actual es de 235 millones de euros)
-Reducir el salario del director de TV3 hasta dejarlo con el
mismo importe que el de Rajoy. Ahora gana bastante más del doble, un 127% más.
-Aproximar las condiciones de jubilación de los
parlamentarios, ex concellers, ex altos cargos de organismos públicos, etc. a
la del resto de los trabajadores
-Aplicar recortes similares a los realizados en sanidad y
educación a Diplocat, embajadas, etc.
-Etc, etc., etc.
Siempre para canalizar los importes ahorrados hacia la
dependencia, inserción de discapacitados, ayudas al comedor escolar de cierta
población necesitada, desahuciados, etc.
Por último cabe subrayar la manera como se está conduciendo
el proceso desde esos medios audiovisuales de trinchera única a los que me
refería en el capítulo anterior. Unos medios que se conducen desde hace mucho
tiempo como inmersos en una campaña electoral continua, pero sin las
limitaciones que impone la legislación en cuanto a la asignación de espacios.
Una campaña que se desarrolla entre ese cerca del 50% amordazado, los que no
desean la independencia, y ese otro 50%, que sí la desean, con un complejo
sistema de potentes altavoces, de titularidad pública y de medios privados subvencionados.
Los primeros, los de titularidad pública, con una cierta contención aparente,
al menos en los informativos, probablemente por los controles parlamentarios;
los otros, los de propiedad privada subvencionados, con barra libre puesto que
no tienen control alguno. Entre los múltiples ejemplos de estos últimos,
podríamos mencionar uno como paradigmático. Se trata de un programa de la TV
del más importante grupo de comunicación local, en horario de lo que suele
denominarse “prime time”, con una estructura a medio camino entre el
“comentario político” y un “programa del corazón”. La fase “informativa” es
precedida con frecuencia de un diálogo entre El Gran Presentador y la
Ideóloga/Sacerdotisa (un trasunto local de Belén Esteban dedicada a, digamos,
la “política del corazón”). Si se ha realizado una entrevista previa a alguna
personalidad de un partido “desviacionista”, la Ideóloga/Sacerdotisa emana la
doctrina necesaria para neutralizar el veneno y evitar que contamine a los espectadores.
Me había permitido entrecomillar lo de informativo porque, a diferencia de los
usuales, que son una especie de mercado donde aparecen expuestos los diferentes
alimentos (dispuestos con el rango adecuado a la orientación de la cadena), a
diferencia de esos otros, decía, el que analizamos suministra los alimentos ya
triturados, mezclados a conveniencia para ser consumidos a cucharaditas. La
información se suministra “opinada”, para evitar el análisis de quien la recibe
y que no le pueda dañar y desviar del recto camino. Para no cansar más al
lector, la fase posterior está compuesta básicamente por opinadores de
trinchera, algunos de los cuales además realizan el mismo cometido en el canal
autonómico: tienen el monopolio de la voz y la utilizan en el más estricto
sentido de trinchera. Todo lo que signifique Madrid/España/Gobierno se presenta
de manera tan despreciativa que cualquier espectador receptivo llegaría a la
misma conclusión que expresó nuestro célebre conciudadano Albert Pla: que le da
asco ser español y que es una mierda ser español.
(ver http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/reacciones-albert-pla-polemica-suspension-concierto-gijon-2757449)
Parecería irreprochable que el principal grupo de
comunicación local mantuviese esa posición o la que le pareciese oportuna, pero
el condicional desaparece y pasa a ser inadmisible que realice semejante tarea
cuando se considera su generosa subvención. Obtenida también a las expensas de ese grupo
al que pertenezco, los que nos sentimos catalanes y españoles, que debemos
soportar que se nos insulte pagando con nuestros impuestos una generosa cantidad,
que acabará en los bolsillos de los propietarios del grupo que no parecen
necesitarlo.
Por último cabe mencionar un hecho repetido y especialmente
desagradable y ofensivo. Esa manera insultante en que todos estos personajes
hablan en nombre de Cataluña. Lo que ellos piensan, es lo que Cataluña piensa.
Lo que ellos pretenden, es lo que Cataluña pretende. Parece como si los
espíritus de las generaciones pasadas, les hubiesen otorgado el título de
oráculos. Y como son los que monopolizan los medios, no existe contrapeso
posible. Día tras día, programa tras programa, van inoculando en vena su
doctrina. Un xirimiri inacabable que inexorablemente va penetrando cada vez con
más profundidad.
Este es el escenario sobre el que se va a desarrollar
próximamente la
tragicomedia. Por otra parte, un escenario muy conocido,
basta con volver la vista atrás unos cuantos años para encontrar situaciones
similares, en nuestro país y en otros de Europa. Es tiempo ya de seleccionar a
los dos principales actores. Pero resulta que quien maneja la tramoya está a la
vez implicado en esa selección y cuando los diversos actores salen a recitar su
papel, “los elegidos” reciben todos los focos, que les proporcionan una luz
deslumbrante. El resto queda en la penumbra y el público apenas puede
distinguirlos. Es en esas circunstancias, tan absolutamente desiguales, en las
que se va a desarrollar algo tan esencial para nuestro destino.
Tan conocido es ese escenario, decía, que está descrito en
solo ocho palabras. En ocho palabras escritas por una gran autor de teatro
español, premio Nobel por más señas, hace poco más de cien años. Pertenecen a
la que es probablemente su obra más emblemática y son las primeras que se
recitan. Como prólogo, con el telón a medio subir, en la penumbra. Dicen
así:
“He aquí el tinglado de la antigua farsa…”
Continuará en el Capitulo III. Nunca tan
pocos mintieron tanto a tantos
Firmado:
Una oveja de color (de
color negro)
